La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha reformulado sus directrices sobre preparación ante emergencias, un ejercicio que refleja cómo las instituciones públicas ajustan sus protocolos conforme evoluciona la realidad de riesgos en el territorio nacional. Esta actualización, difundida en 2026, responde a la necesidad de que la población cuente con orientación técnica sobre qué artículos resultan efectivamente útiles durante los primeros 72 horas posteriores a un desastre, período crítico en el que los sistemas de respuesta estatal aún se activan.
Recomendaciones institucionales y responsabilidad de preparación
La guía de la UNAM especifica cuáles objetos deben incluirse en las mochilas de emergencia y, de igual importancia, cuáles no cumplen función alguna en situaciones de crisis como sismos e inundaciones. Esta distinción no es menor: orienta el gasto familiar y evita que recursos limitados se destinen a artículos ineficaces. La institución asume así un rol de mediador entre la información técnica y el ciudadano, en un contexto donde la preparación individual se ha convertido en componente esperado de la gestión de riesgos.
La responsabilidad de difundir estas recomendaciones recae en instituciones como la UNAM, que poseen capacidad técnica para evaluar qué es útil en escenarios de desastre. Sin embargo, esta tarea revela también una realidad: el Estado mexicano ha descargado parcialmente en los particulares la obligación de estar preparados, trasladando así costos de prevención a los hogares. Que una universidad pública deba actualizar constantemente estas guías subraya la vulnerabilidad persistente del país ante emergencias.
La ventana de las 72 horas que menciona la UNAM no es arbitraria: corresponde al tiempo en que típicamente la población debe autoabastecerse antes de que lleguen apoyos institucionales. Esta métrica, utilizada internacionalmente, también cuestiona implícitamente la velocidad y cobertura de la respuesta estatal ante crisis. La actualización de estas recomendaciones cada cierto tiempo indica que tanto los riesgos como los recursos disponibles cambian, obligando a ajustes permanentes en la estrategia de supervivencia ciudadana.