Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de Nuevo León, denunció públicamente un intento por imponer un «secretario ejecutivo a modo» en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL). Según el funcionario, la propuesta de Jesús Cantú, quien se encuentra en la lista de candidatos para el cargo, busca influir en el proceso electoral para favorecer intereses políticos específicos. Esta acusación surge en un contexto de tensión por la cercanía de las elecciones estatales, donde la transparencia y la imparcialidad son fundamentales.
El IEEPCNL es responsable de garantizar que las elecciones se realicen de manera justa y conforme a la ley. La figura del secretario ejecutivo es clave en este proceso, ya que supervisa la organización y el cumplimiento de los protocolos electorales. Flores Serna destacó que la imposición de un candidato sin el debido proceso podría socavar la confianza en las instituciones y generar desigualdades en la competencia política. Aunque aún no se ha votado sobre la designación, el escenario actual ha generado preocupación entre los observadores del sistema electoral.
La denuncia de Flores Serna se enmarca en un periodo de alta sensibilidad política en Nuevo León, donde las elecciones estatales son un punto de conflicto entre los partidos políticos. El secretario general de Gobierno subrayó que cualquier intento de manipular el proceso electoral «sería un atentado contra la democracia». Además, señaló que el IEEPCNL debe actuar con total transparencia, evitando cualquier influencia externa que pueda alterar el equilibrio de las elecciones. Esto incluye la revisión de los criterios de selección y la participación de todos los actores políticos en el proceso.
Las autoridades locales han llamado a los consejeros del IEEPCNL a actuar con imparcialidad, respetando las normas establecidas. Sin embargo, la situación plantea preguntas sobre la independencia de las instituciones electorales y la capacidad de los partidos para garantizar un proceso libre de interferencias. Los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han exigido que se investigue con rigor cualquier sospecha de irregularidades, asegurando que los derechos de todos los candidatos y votantes sean respetados. La decisión final sobre la designación del secretario ejecutivo podría marcar un hito en la percepción de la legitimidad del proceso electoral.