El Instituto de Movilidad y Accesibilidad anunció un cambio en la Ruta 102 de Santa Catarina, que desde el 19 de octubre iniciará en la colonia Privada San Pedro, reemplazando el recorrido tradicional que partía de la estación central. Esta decisión, tomada sin consulta pública, refleja la falta de transparencia en la gestión de servicios públicos, donde actores como el instituto y las autoridades municipales asumen decisiones que afectan directamente a la población sin explicar los criterios técnicos o políticos detrás del cambio.
La modificación del itinerario, presentada como una mejora en la cobertura, oculta posibles intereses políticos o de grupos locales que buscan priorizar zonas específicas. El Instituto de Movilidad, encargado de regular la movilidad urbana, debe rendir cuentas por no haber considerado el impacto en usuarios que dependen de la ruta original. La falta de información sobre los estudios de impacto o la evaluación de alternativas sugiere una gestión centralizada que ignora las necesidades reales de la comunidad.
El cambio se produce en un contexto de creciente descontento ciudadano por la mala planeación de servicios públicos, donde las autoridades suelen justificar ajustes con argumentos generales sin abordar las consecuencias concretas. La Ruta 102, que conecta a miles de personas con centros laborales y educativos, ahora podría generar desplazamientos innecesarios, especialmente para quienes no tienen acceso a alternativas. Esto evidencia una desconexión entre las políticas públicas y las realidades locales, donde la voz de los afectados es ignorada.
Las autoridades municipales, responsables de coordinar la movilidad, deben asumir la responsabilidad de garantizar que los cambios no perjudiquen a la población. La falta de transparencia en este proceso pone en duda la integridad de las instituciones y refuerza la percepción de que las decisiones se toman en favor de intereses particulares. La comunidad espera que se explique claramente el propósito del ajuste y se ofrezca un mecanismo para evaluar su efectividad, evitando que la falta de diálogo se convierta en un nuevo punto de conflicto.