El diputado federal por el Distrito 12 de Nuevo León, Glen Villarreal, presentó una iniciativa de ley denominada «Antibaches», que busca garantizar la calidad de las obras viales en el estado. La propuesta obliga a los contratistas a reparar baches en las carreteras durante un periodo de cinco años después de la finalización de las obras. Si no cumplen con esta obligación, los municipios podrán cobrarles los costos de las reparaciones sin límite de monto, lo que representa un cambio significativo en la regulación de las infraestructuras vial.
La iniciativa se fundamenta en el artículo 23 de la Ley Estatal de Caminos, que establece que los responsables de las obras deben asumir la responsabilidad de su mantenimiento durante un tiempo determinado. Villarreal destacó que la medida busca evitar que las carreteras se degraden rápidamente, lo que genera gastos adicionales para los gobiernos locales y afecta la movilidad de los ciudadanos. Además, la ley incluye sanciones para quienes no cumplan con las reparaciones, lo que podría generar conflictos legales entre contratistas y autoridades.
Nuevo León ha enfrentado problemas recurrentes con la infraestructura vial, especialmente en zonas urbanas y rurales, donde los baches son comunes y generan riesgos para los conductores. La propuesta de Villarreal surge en un contexto de creciente demanda por mejoras en la red carretera, ya que la falta de mantenimiento ha sido criticada por usuarios y organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa también busca fomentar la responsabilidad de los contratistas, quienes hasta ahora han tenido poca obligación de garantizar la durabilidad de sus trabajos.
Los efectos de la ley podrían ser dobles: por un lado, los contratistas podrían enfrentar mayores costos y riesgos, lo que podría influir en la competitividad de sus ofertas. Por otro lado, la medida podría mejorar la calidad de las obras y reducir los gastos públicos a largo plazo. Sin embargo, expertos en derecho y transporte señalan que la implementación dependerá de la capacidad de los municipios para monitorear y hacer cumplir la norma, así como de la claridad en los términos de las contrataciones. La ley aún debe ser discutida y aprobada por el Congreso local, lo que podría generar debates sobre su viabilidad y alcance.