El gobernador de Nuevo León, Samuel García, atribuyó públicamente la crisis del tráfico en la Zona Metropolitana de Monterrey a los alcaldes de los municipios que conforman la región. Durante una rueda de prensa, el mandatario destacó que el 90 por ciento de las avenidas principales son responsabilidad de los ayuntamientos, lo que, según su análisis, ha generado una falta de coordinación en la gestión de las vialidades. Esta acusación surge en medio de crecientes quejas de los ciudadanos sobre congestiones y falta de infraestructura adecuada.
La Zona Metropolitana de Monterrey, que abarca a municipios como Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca, enfrenta problemas crónicos de tráfico que afectan la movilidad diaria de sus 5 millones de habitantes. García señaló que la falta de acciones conjuntas entre los gobiernos locales y el estado ha exacerbado la situación, lo que ha llevado a un aumento en los tiempos de desplazamiento y a un impacto negativo en la economía local. El gobernador no especificó cuándo se tomarán medidas, pero anunció que dará más detalles en los próximos días.
Los alcaldes de la región, por su parte, han rechazado las críticas, argumentando que la responsabilidad del tráfico no recae exclusivamente en ellos. En declaraciones recientes, representantes de los ayuntamientos destacaron que la infraestructura vial requiere inversiones estatales y federales, además de una planificación integral que vaya más allá de las competencias municipales. Algunos de ellos han planteado la necesidad de un enfoque colaborativo entre todos los niveles de gobierno para abordar la problemática.
La situación ha generado un debate público sobre la distribución de responsabilidades en la gestión del transporte. Expertos en movilidad urbana coinciden en que el tráfico en la zona es un problema multifactorial, que incluye la falta de planes de desarrollo sostenible, la expansión desordenada de las ciudades y la insuficiente inversión en transporte público. Sin embargo, el conflicto entre el gobierno estatal y los municipios podría retrasar la implementación de soluciones efectivas, lo que generaría más inestabilidad en la región.