La Cámara de Diputados local enfrentó un pulso presupuestario al rechazar la solicitud de endeudamiento del Estado para 2027. Las legisladoras Lorena de la Garza y Perla Villarreal encabezaron el cuestionamiento sobre cómo se han administrado los recursos públicos, particularmente en operaciones de Monterrey, argumentando que la propuesta de deuda excedía los márgenes legales permitidos.
El límite que no se cruza
El monto de endeudamiento solicitado por la administración estatal rebasaba el 15 por ciento establecido en la normatividad vigente. Este porcentaje representa un techo legal que busca evitar que las entidades federativas acumulen obligaciones financieras insostenibles que comprometiesen ejercicios fiscales posteriores. El rechazo de las diputadas evidencia que existe al menos un sector de la representación legislativa atento a estos límites normativos.
El cuestionamiento sobre el manejo de recursos públicos en Monterrey sugiere que las legisladoras consideraron insuficiente la justificación para aumentar el endeudamiento. Sin información adicional sobre qué proyectos específicos requería financiar esta deuda, el rechazo deja abierta la interrogante sobre cómo se priorizarán las inversiones estatales para el próximo ejercicio presupuestario.
Esta decisión impacta directamente en la capacidad del Estado para ejecutar iniciativas que requiriesen financiamiento por endeudamiento. Los proyectos estatales previstos para 2027 deberán replantearse dentro del presupuesto disponible sin recurrir a deuda adicional, lo que implica que la administración tendrá que justificar prioridades o buscar fuentes alternativas de financiamiento.