La Fiscalía General de la República comunicó la atracción de tres carpetas de investigación entregadas por madres buscadoras que mantienen un plantón en la Ciudad de México. El acto representa un cambio en la competencia de estos casos: trasladar su seguimiento desde instancias locales hacia el nivel federal, una decisión que ocurre bajo presión directa de organizaciones que reclaman atención de la fiscal general Ernestina Godoy.
Concentración de casos y fragmentación institucional
La decisión de la FGR de atraer estas carpetas plantea interrogantes sobre la arquitectura de investigación de desapariciones en el país. Cuando la Fiscalía federal asume casos, implica que considera elementos de competencia federal, aunque esto no siempre resulta en investigaciones más expeditas. Según cifras oficiales, más de 130 mil personas permanecen desaparecidas en México, cifra que refleja una carga masiva distribuida entre autoridades federales, estatales y municipales.
Las madres buscadoras utilizaron su presencia física en la capital para visibilizar la fragmentación entre instancias: sus carpetas estaban en manos de autoridades locales sin avances sustanciales. La atracción federal es tanto una respuesta a la movilización como un reconocimiento implícito de que el sistema anterior no había producido resultados. Sin embargo, centralizar casos no elimina automáticamente los obstáculos estructurales que ralentizan investigaciones: falta de coordinación interinstitucional, limitaciones en capacidades de análisis forense o saturación de carpetas en instancias federales.
Responsabilidades diferidas en la cadena de investigación
La FGR también solicitó denuncias contra autoridades competentes, un gesto que señala hacia actores específicos cuyas acciones u omisiones pudieron obstaculizar investigaciones previas. Esta recomendación trasplanta responsabilidad hacia otros niveles de gobierno, pero mantiene el foco en la Fiscalía federal como centro de decisión. Las madres buscadoras, al entregar carpetas directamente a Godoy, ejercieron una presión política que produjo movimiento administrativo inmediato.
La efectividad de esta atracción dependerá de recursos asignados, capacidad de coordinación con autoridades locales que manejaban los casos originales, y definición clara de líneas de investigación. El plantón continuo de las familias sugiere que esperan más que cambios procedimentales: buscan resultados concretos en la localización de sus desaparecidos.
