El gobierno de Estados Unidos ha reportado la deportación de aproximadamente 2,300 ciudadanos mexicanos hacia Guatemala durante el año 2026, según datos oficiales divulgados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esta cifra refleja una estrategia migratoria intensificada bajo la administración del expresidente Donald Trump, quien ha priorizado la reducción de la migración irregular en la frontera sur del país. Las autoridades estadounidenses indicaron que los deportados fueron detenidos en zonas cercanas a la frontera con México, aunque no se especificó el número exacto de personas por estado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de México ha condenado esta medida, afirmando que no existe ningún acuerdo bilateral que autorice la deportación de ciudadanos mexicanos a países terceros como Guatemala. En un comunicado, el gobierno mexicano destacó que la repatriación de sus nacionales debe realizarse únicamente a través de acuerdos formales y bajo el marco de la cooperación internacional. Representantes de la cancillería señalaron que esta práctica podría violar derechos humanos y generar conflictos diplomáticos, ya que Guatemala no ha firmado convenios específicos para recibir a migrantes mexicanos.
La medida surge en un contexto de tensión migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, donde el flujo de personas busca escapar de la pobreza, la violencia y la inestabilidad en sus países de origen. Aunque el gobierno estadounidense justifica la deportación como una forma de reforzar la seguridad nacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan la legalidad de enviar a migrantes a países donde no tienen garantías de asilo o protección. Además, se ha generado preocupación por el impacto en las familias mexicanas, cuyos miembros pueden verse separados de sus seres queridos en un proceso que no siempre es transparente.
Analistas políticos señalan que esta acción podría tener consecuencias diplomáticas para las relaciones entre Estados Unidos y México, especialmente si se convierte en una práctica recurrente. La falta de coordinación entre ambos países en temas migratorios ha generado descontento en la comunidad mexicana, que ve en esta medida una violación de su soberanía. Por su parte, Guatemala ha expresado su preocupación por la carga adicional que implicaría recibir a un número significativo de migrantes sin un marco legal claro, lo que podría afectar su capacidad para brindar asistencia adecuada.