La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por homicidio culposo tras el colapso de una estructura en el festival Axe Ceremonia, evento que causó la muerte de dos fotoperiodistas el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario. Los directivos de las empresas involucradas, cuyos nombres no fueron revelados, asumen la responsabilidad de haber ignorado normas de seguridad en la instalación de la estructura, lo que pone en duda su cumplimiento de obligaciones legales y éticas. La imposición de garantías de 500 mil pesos refleja un intento de responsabilizarlos, pero deja abierta la pregunta sobre si la fiscalía actuó con rigor o si existen presiones políticas que limitan la investigación.
El caso resalta la falta de supervisión estatal en eventos masivos, donde autoridades locales y federales comparten competencias. La ausencia de un marco claro para la seguridad en festivales permite que actores privados prioricen costos sobre la vida humana. Los directivos de las empresas, al igual que los funcionarios que otorgaron permisos, podrían enfrentar acusaciones de negligencia grave, pero su impunidad podría reforzar una cultura de desresponsabilidad. La fiscalía, encabezada por un titular con vínculos políticos, enfrenta críticas por su posible falta de independencia en casos de alta visibilidad.
El incidente ocurrió en un espacio público que, según informes previos, no contaba con inspecciones adecuadas para eventos de gran afluencia. La muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, dos periodistas que documentaban el evento, no solo es una tragedia humana, sino un recordatorio de la fragilidad de las garantías en espacios de entretenimiento. La respuesta de las autoridades, limitada a medidas punitivas, no aborda las causas estructurales, como la falta de protocolos obligatorios o la ausencia de sanciones efectivas para quienes incumplan normas de seguridad.
Las consecuencias políticas de este caso podrían ser profundas. La fiscalía, al vincular a proceso a empresas y directivos, enfrenta la presión de la opinión pública para demostrar transparencia. Sin embargo, la falta de información sobre el rol exacto de cada actor y la posible existencia de acuerdos extrajudiciales podría generar desconfianza. La sociedad exige no solo justicia para las víctimas, sino reformas que eviten que otros eventos se conviertan en trampas mortales, lo que implica una redefinición de la responsabilidad estatal y privada en la protección de la vida.
El colapso de Axe Ceremonia no es un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema que prioriza el negocio sobre la seguridad. Las autoridades, al no actuar con firmeza en casos anteriores, han sentado un precedente que justifica la impunidad. La fiscalía, al no investigar a fondo el rol de funcionarios que autorizaron el evento, podría estar protegiendo a actores de poder que evaden la rendición de cuentas. La comunidad exige que este caso no quede en el olvido, sino que sirva como catalizador para cambios estructurales que garanticen la vida como prioridad absoluta.
La pregunta clave es si este caso marcará un antes y un después en la regulación de eventos masivos o si se convertirá en otro ejemplo más de la impunidad institucional. La fiscalía, al no revelar detalles sobre las posibles conexiones entre empresas y políticos, deja espacio para sospechas de corrupción. La sociedad, sin embargo, no se quedará callada: la exigencia de transparencia y justicia será constante, y cualquier omisión podría generar un descontento que trascienda lo legal y afecte la credibilidad del Estado.