La muerte de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles durante el festival AXE Ceremonia el 19 de octubre generó una protesta en la Ciudad de México, donde sus familiares exigieron justicia por homicidio culposo. La manifestación en la avenida Niños Héroes, frente al Tribunal Superior de Justicia, evidenció el descontento por el manejo de la situación, especialmente tras revelarse que empresas involucradas en el evento ya cobraron seguros por las tragedias, mientras la familia enfrenta presiones para aceptar reparaciones. Este escenario levanta cuestionamientos sobre la responsabilidad de las entidades que organizan eventos masivos y su relación con las aseguradoras.
Las empresas que operaron el festival, aunque no se mencionan directamente en la noticia, son claves en este caso. Su cobro de seguros podría indicar una falta de transparencia o incluso un cálculo financiero que prioriza intereses corporativos sobre la justicia para las víctimas. La falta de claridad sobre cómo se distribuyó el dinero asegurado y si hubo irregularidades en el proceso refuerza la necesidad de una investigación independiente. Además, la presión ejercida sobre la familia para aceptar acuerdos rápidos sugiere un desequilibrio de poder que exige supervisión gubernamental.
Las autoridades encargadas de investigar el caso, incluyendo la fiscalía y organismos de seguridad, enfrentan críticas por su lentitud o falta de acción. La protesta de los familiares refleja desconfianza en el sistema judicial y en la capacidad de las instituciones para garantizar que los responsables respondan por sus actos. Si no se aborda este desequilibrio, el caso podría convertirse en un símbolo de la impunidad que persiste en casos de negligencia en eventos públicos, especialmente cuando hay intereses económicos detrás.
El contexto de la tragedia en el festival, que atrae a miles de personas, resalta la necesidad de normas más estrictas para la seguridad en eventos masivos. La falta de transparencia en la gestión de seguros y la posible colaboración entre empresas y autoridades para minimizar responsabilidades políticas podría generar consecuencias graves, como la pérdida de confianza en las instituciones. La sociedad espera que las autoridades prioricen la justicia sobre intereses económicos, evitando que casos como este se repitan bajo el amparo de la burocracia.
La situación también pone en evidencia la vulnerabilidad de las familias en procesos legales, donde la falta de recursos y apoyo institucional las coloca en desventaja. Si no se implementan mecanismos para proteger a las víctimas de presiones externas y garantizar un acceso equitativo a la justicia, se reforzará un sistema que favorece a quienes tienen poder económico y político. La rendición de cuentas en este caso no solo es un derecho de las víctimas, sino una exigencia para evitar que la impunidad se convierta en norma.
En resumen, el caso de Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles no es solo un drama individual, sino un reflejo de las fallas sistémicas en la gestión de riesgos, la transparencia y la justicia. La actuación de las empresas, las autoridades y la sociedad en general definirá si este caso se convierte en un punto de inflexión para mejorar la protección de los ciudadanos o en un ejemplo más de cómo el poder económico y político puede manipular la ley a su favor.