La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció solo 32 fosas clandestinas en todo el país durante 2025, mientras que las fiscalías estatales documentaron 651 en el mismo periodo, según informes oficiales. Esta discrepancia, que afecta a seis entidades federativas, revela un desalineamiento entre los esfuerzos federales y locales en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Sonora, con 204 fosas registradas, destaca como el estado con el mayor número de hallazgos, lo que cuestiona la eficacia del trabajo de la FGR en zonas de alta incidencia delictiva.
La FGR, encabezada por la fiscal general de la República, enfrenta críticas por no actualizar su base de datos con las investigaciones realizadas por las autoridades estatales. Este desfase podría reflejar una falta de coordinación institucional o incluso una omisión deliberada para minimizar la magnitud del problema. Las fiscalías locales, por su parte, asumen la responsabilidad de identificar y rescatar restos humanos, lo que pone en evidencia la debilidad del enfoque federal en la atención de la crisis de desapariciones, un tema que ha generado descontento en comunidades afectadas.
La cifra de más de 130,000 personas desaparecidas en México, según datos oficiales, subraya la gravedad de la situación. La descoordinación entre niveles de gobierno no solo retrasa la justicia para las víctimas, sino que también alimenta la impunidad al dificultar la identificación de responsables. La FGR, como entidad encargada de la investigación federal, debe rendir cuentas por no integrar los hallazgos locales en su informe anual, lo que genera desconfianza en su capacidad para abordar el problema de manera integral.
La falta de transparencia en la gestión de las fosas clandestinas tiene consecuencias políticas profundas. La desaparición de personas está vinculada a grupos criminales y a la corrupción institucional, lo que exige una respuesta coordinada y transparente. La FGR, al no reconocer las 651 fosas documentadas por los estados, podría estar evitando confrontar la realidad de la violencia en el país, lo que socava su credibilidad y la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la justicia.
El contexto de la crisis de desapariciones en México, que incluye casos de secuestro, tráfico humano y violencia estatal, exige una acción urgente y coherente. La FGR, como institución central, debe asumir su responsabilidad en la investigación de fosas y en la cooperación con las autoridades locales. La persistencia de estas discrepancias no solo afecta la búsqueda de verdad para las familias, sino que también refuerza la percepción de un sistema judicial fragmentado y poco eficaz.
La desaparición de 130,000 personas, un número que no ha disminuido significativamente a pesar de los esfuerzos, evidencia la necesidad de una reforma profunda en la forma en que se aborda el problema. La FGR, al no reconocer la totalidad de las fosas encontradas por los estados, demuestra una falta de compromiso con la rendición de cuentas, lo que puede llevar a un aumento de la impunidad y a la perpetuación de la violencia en el país. La sociedad espera que las instituciones cumplan con su rol de garantizar justicia y transparencia en estos casos.