El Congreso de Nuevo León sigue sin definir una fecha para la discusión de la reforma electoral, un mes antes del plazo establecido por la ley. Aunque el calendario legislativo prevé la aprobación de la iniciativa antes del 30 de junio, diputados de las diferentes fracciones no han convocado a sesiones de la comisión encargada de analizar el tema. La presidenta de dicha comisión, integrante del Partido Acción Ciudadana (PAC), no ha coordinado con su bancada para establecer un cronograma, lo que ha generado incertidumbre sobre el avance del proceso.
La reforma electoral es clave para garantizar la paridad de género en las elecciones locales, un objetivo que el gobierno estatal prometió impulsar desde 2023. Sin embargo, la falta de consenso entre los partidos políticos ha retrasado su discusión. Representantes de la coalición «Juntos Hacemos Historia» y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han señalado desacuerdos sobre las medidas específicas, como la distribución de recursos en campañas y la participación de mujeres en listas de candidatos. Esta división ha impedido un avance significativo en las negociaciones.
La demora en el proceso ha generado críticas de organizaciones de la sociedad civil que defienden la igualdad de género en la política. Activistas argumentan que el retraso no solo afecta la transparencia electoral, sino que también refuerza la desigualdad en la representación política. «La paridad no puede seguir siendo un objetivo de corto plazo», dijo una portavoz de una asociación local. Mientras tanto, el Congreso enfrenta la presión de cumplir con el plazo legal, aunque la falta de coordinación entre las fracciones parece ser el principal obstáculo.
Analistas políticos señalan que el retraso podría tener consecuencias legales si el Congreso no cumple con el calendario establecido. La ley exige que las reformas electorales se aprueben antes del 30 de junio para que surtan efecto en las elecciones de 2025. Si el proceso se prolonga, podría generar conflictos legales o incluso una suspensión de la elección de representantes locales. Además, la incertidumbre afecta la planificación de los partidos, que dependen de un marco legal claro para presentar sus candidatos.
La situación refleja la complejidad de la política local, donde la falta de alianzas entre partidos y la burocracia legislativa dificultan la implementación de reformas clave. Aunque el Congreso tiene hasta el final del mes para resolver el tema, las declaraciones de los diputados sugieren que el camino será largo. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando una solución que garantice un proceso electoral más inclusivo y transparente.