La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la auditoría que se realizó a la exalcaldesa de Acapulco, Abelina López, por un monto de 898.6 millones de pesos, según informó el 7 de julio de 2026. La resolución fue emitida tras un recurso de amparo presentado por la funcionaria, quien argumentó que la auditoría no cumplía con los requisitos legales. El caso se centró en la gestión de recursos públicos durante su mandato, que culminó en 2024.
Abelina López, quien ejerció el cargo de alcaldesa de Acapulco entre 2018 y 2024, fue acusada de posibles irregularidades en el manejo de fondos destinados a proyectos de infraestructura y servicios públicos. La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASEG) había iniciado el proceso de revisión para verificar el uso de los recursos, pero la SCJN consideró que no se respetaron los protocolos establecidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental. La decisión no impide que otras instancias, como la Auditoría Federal, continúen con su revisión.
El caso ha generado controversia en el ámbito político y social de Guerrero, donde Acapulco enfrenta desafíos en la transparencia y el combate a la corrupción. La exalcaldesa, quien actualmente se encuentra en licencia, no ha emitido declaraciones públicas sobre la resolución, aunque su defensa legal ha destacado la necesidad de garantizar el debido proceso en las investigaciones contra funcionarios. La invalidación de la auditoría podría afectar la confianza de la ciudadanía en los mecanismos de control gubernamental.
La Auditoría Federal, que opera bajo el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sigue teniendo la facultad de revisar el manejo de los recursos federales en Acapulco. Esto implica que, aunque la ASEG no puede continuar con su investigación, otras instancias podrían abordar el tema desde una perspectiva nacional. Los expertos en materia fiscal señalan que la decisión de la SCJN refleja la complejidad de las normativas que rigen las auditorías en el sector público.
El caso de Abelina López se suma a una serie de procesos judiciales y administrativos que han involucrado a funcionarios de alto nivel en Guerrero. La falta de claridad en los procedimientos de auditoría y la falta de transparencia en la gestión pública son temas recurrentes en la región, donde la corrupción ha sido un problema estructural. La resolución de la SCJN podría marcar un precedente en cómo se manejan estos casos en el futuro.