La diputada Lorena de la Garza, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), ha planteado la necesidad de coordinar el programa Regio Ruta entre los municipios metropolitanos de la región. En una entrevista reciente, destacó que este esquema ha permitido ofrecer siete millones de viajes gratuitos y ahorros significativos para las familias, pero advirtió que su continuidad depende de un enfoque más integral y colaborativo entre las autoridades locales.
El programa Regio Ruta, implementado en la Zona Metropolitana de Monterrey, busca reducir la movilidad vehicular y fomentar el uso de transporte público mediante descuentos y tarifas accesibles. De la Garza señaló que, aunque el esquema ha tenido un impacto positivo en la calidad del aire y la economía familiar, su sostenibilidad requiere un mayor compromiso de los ayuntamientos para garantizar recursos y políticas que lo respalden en el largo plazo.
La propuesta de la diputada surge en un contexto de creciente demanda por alternativas de movilidad sostenible en la región. Según datos oficiales, el programa ha beneficiado a más de 500 mil usuarios, con un ahorro promedio de 15% en gastos de transporte. Sin embargo, los expertos coinciden en que la falta de un marco legal claro y la dependencia de fondos estatales limitan su permanencia, lo que ha generado preocupación entre los usuarios y organizaciones civiles.
Para garantizar la continuidad de Regio Ruta, De la Garza propuso la creación de un comité intermunicipal que establezca criterios comunes para la operación del programa, así como la inclusión de su presupuesto en los planes de desarrollo local. Esto, según ella, permitiría evitar la fragmentación de esfuerzos y asegurar que los beneficios lleguen a toda la población, especialmente a los sectores de bajos ingresos.
Las implicaciones de esta propuesta podrían ser significativas. Si se logra la coordinación entre los municipios, el programa podría ampliarse y adaptarse a nuevas necesidades, como la integración con tecnologías de movilidad digital. Sin embargo, enfrenta desafíos como la resistencia burocrática y la necesidad de alianzas entre el sector público y privado para garantizar financiamiento constante.