Gobierno de Trump se Prepara para un Aumento en las Deportaciones de EUA
El gobierno de Donald Trump está embarcado en una ambiciosa y controvertida campaña para aumentar significativamente las deportaciones de inmigrantes indocumentados desde los Estados Unidos.
Objetivo de Un Millón de Deportados
Trump y su equipo han establecido el objetivo de deportar a un millón de inmigrantes en su primer año, una cifra que supera con creces el promedio anual de 400,000 deportaciones durante la presidencia de Barack Obama. Sin embargo, analistas y expertos cuestionan la viabilidad de este objetivo debido a obstáculos logísticos y de financiación[1].
Autodeportaciones
La administración Trump está promoviendo las autodeportaciones, incentivando a los inmigrantes indocumentados a dejar el país voluntariamente. Según la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha habido un aumento en la migración inversa con muchos migrantes utilizando la aplicación CBP Home para autodeportarse. Este enfoque busca evitar la detención y el proceso judicial, sugiriendo que los migrantes pueden regresar legalmente en el futuro[3].
Medidas de Aplicación de la Ley
Trump planea expandir el programa de remoción expedita, que permite deportar rápidamente a personas sin el debido proceso si han estado en el país por menos de dos años. Además, se reanudarán las redadas extensas en lugares de trabajo y hogares para arrestar a residentes indocumentados. La administración también revocará el memorando de la administración Biden que priorizaba las deportaciones de personas que representan amenazas a la seguridad nacional o pública, permitiendo a ICE apuntar a todos los inmigrantes indocumentados[4].
Capacidad de Detención
Para lograr estas deportaciones masivas, el gobierno necesita significativamente aumentar la capacidad de detención. Se estima que se necesitarían al menos 26,900 millones de dólares para agregar 110,000 camas en las instalaciones de detención de inmigrantes. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) indica que ICE podría expandir el espacio de detención en varios estados, incluyendo la reutilización de bases militares[5].
Uso de Recursos Militares
Trump ha sugerido el uso de recursos militares para apoyar los esfuerzos de deportación, lo que enfrentaría obstáculos legales y críticas por la posible violación de la Ley Posse Comitatus. La participación militar podría ser justificada bajo la Ley de Insurrección de 1807, aunque esto sería una ruptura radical con los precedentes legales[4].
Impacto y Críticas
Las medidas de la administración Trump han generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes, quienes advierten sobre un estado policial hipermilitarizado y la posible violación de derechos humanos. La opacidad en la publicación de estadísticas y la falta de transparencia en los procesos de deportación han sido constantes críticas hacia la administración[1][3][5].