La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió públicamente que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador tenga vínculos con la delincuencia organizada. Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum rechazó tajantemente las acusaciones, afirmando que su administración actúa dentro del marco legal y no mantiene nexos con grupos delictivos. La declaración se dio en un contexto de creciente debate sobre la seguridad nacional y la presencia de cárteles en el país.
El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también abordó el tema, señalando que no existe evidencia de acuerdos entre el gobierno y las organizaciones criminales. Sin embargo, alertó sobre la persistencia de la corrupción en instituciones públicas, lo que podría generar desconfianza en las políticas de seguridad. Salazar destacó que, aunque no hay pruebas de colaboración directa, la lucha contra la delincuencia requiere transparencia y rendición de cuentas.
La respuesta de Sheinbaum se produce en medio de críticas internas y externas sobre la eficacia del gobierno en la reducción de la violencia. Aunque el gobierno ha destacado avances en la reducción de homicidios en ciertas regiones, organizaciones de derechos humanos y analistas señalan que la corrupción y la impunidad siguen siendo problemas estructurales. La presidenta insistió en que su administración prioriza la justicia y el cumplimiento de la ley, pero los desafíos persisten en zonas con alta actividad delictiva.
Las declaraciones de Sheinbaum y Salazar reflejan un debate sobre la relación entre el poder político y la delincuencia en México. Mientras el gobierno afirma su compromiso con la legalidad, los ciudadanos piden mayor claridad sobre cómo se abordan los casos de corrupción. La falta de transparencia en las operaciones gubernamentales y la dependencia de informes oficiales generan escepticismo, lo que podría afectar la confianza pública en las instituciones.