La Secretaría de Salud de Nuevo León ha intensificado sus operativos contra la venta de dispositivos de vapeo no regulados, logrando el decomiso de más de 4 mil unidades en lo que va del año 2026. Estas acciones, que incluyen inspecciones en establecimientos comerciales, buscan combatir la comercialización de productos que no cumplen con los estándares de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias.
Durante los primeros meses del año, los inspectores realizaron 81 visitas a negocios en el estado, de las cuales 31 resultaron en la suspensión temporal de actividades por incumplir normativas. Los dispositivos incautados, que incluyen cigarros electrónicos y accesorios, son destruidos para evitar que regresen al mercado ilegal. Esta medida busca reducir el acceso de menores y adultos a productos que pueden afectar su salud, especialmente por la presencia de sustancias químicas tóxicas.
El aumento en las operaciones de control se debe a la creciente preocupación por el consumo de vapeadores entre la población joven, cuyos efectos en la salud pulmonar y el sistema nervioso han sido ampliamente documentados. Además, las autoridades destacan que muchos de los dispositivos incautados carecen de certificaciones técnicas y no cumplen con las especificaciones de fabricación exigidas por la normativa mexicana. Esto ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer las sanciones para quienes comercializan estos productos sin autorización.
La destrucción de los dispositivos, que se lleva a cabo en instalaciones autorizadas, busca no solo eliminar el riesgo de reventa, sino también enviar un mensaje claro a los comerciantes que operan en la clandestinidad. Sin embargo, los expertos en salud pública cuestionan si estas acciones son suficientes para erradicar el problema, ya que el mercado ilegal sigue siendo un reto para las autoridades. La Secretaría de Salud no ha revelado cuántos más dispositivos serán incautados este año, pero el ritmo de las operaciones sugiere que el número podría superar las 5 mil unidades.
La situación refleja un conflicto entre la regulación de productos de nicotina y la demanda de los consumidores, quienes a menudo buscan alternativas al tabaco. Para el sector empresarial, las sanciones han generado inquietud, mientras que los ciudadanos exigen mayor transparencia en el control de estos artículos. Las autoridades, por su parte, continúan con las labores de inspección, aunque el impacto real de estas medidas aún está por definirse en el contexto de la salud pública y la economía local.