El gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso a la Cámara de Diputados la creación de la División Ambiental, con el objetivo principal de sancionar y castigar a quienes dañen el medio ambiente. Esta división estaría enfocada en investigar y perseguir delitos ambientales, con penas que podrían incluir cárcel para aquellos que cometan actos que dañen el entorno natural.
García mencionó que el motivo de la propuesta es ver avances del tema federal, estatal y municipal, y resaltó la importancia de que los alcaldes se sumen porque son los municipios quienes realmente tienen la mira y conocen dónde se está tirando la basura.
La propuesta busca fortalecer la protección del medio ambiente en México y garantizar que se cumplan las leyes y regulaciones ambientales. García destacó que los esfuerzos actuales resultan insuficientes, debido a que la Procuraduría Ambiental carece de facultades penales y puede ser fácilmente eludida por quienes contaminan.
La creación de esta división sería un paso importante para abordar los desafíos ambientales que enfrenta el país y promover una cultura de responsabilidad y respeto por el entorno natural. García también señaló que múltiples empresas contaminantes reciben a los inspectores alegando falta de competencia y continúan sus actividades impunemente, llamando a los tres órganos de Gobierno a fortalecer las acciones a favor del medio ambiente.
Además, García anunció que impulsará una reforma al Código Penal para endurecer las penas por delitos ambientales, evitando que los responsables queden libres por falta de prisión preventiva. La propuesta incluye el respaldo de corporaciones como la Fuerza Civil, Fiscalía, Guardia Nacional, Protección Civil, así como policías municipales y otros entes ambientales, todos trabajando de manera coordinada en la nueva División Ambiental.
La propuesta fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), y se espera que en las próximas semanas se inicien los trabajos para su implementación. García denunció además la operación de desarrolladores sin permisos, tiraderos clandestinos y vehículos altamente contaminantes, advirtiendo que detrás de muchos de estos delitos están grupos organizados, y llamó a utilizar toda la fuerza del Estado para combatirlos.