El pasado viernes, alrededor de 100 taxistas de Monterrey realizaron una protesta frente al Congreso del Estado para solicitar la modificación de una ley que limita la vida útil de sus unidades a 9 años. Los conductores entregaron una iniciativa que busca extender este plazo a 10 años, evitando que 3 mil vehículos sean retirados de la circulación. La medida, según los manifestantes, es crucial para proteger sus fuentes de ingreso y evitar sanciones económicas que podrían afectar su trabajo.
La normativa actual establece que los taxis deben ser reemplazados cada 9 años, lo que generaría la salida de miles de unidades del servicio. Los taxistas argumentan que la extensión a 10 años permitiría a los dueños de los vehículos mantener sus operaciones sin incurrir en gastos adicionales por la compra de nuevos autos. Sin embargo, la reforma no ha sido aprobada aún, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores del sector.
El contexto de la protesta se enmarca en un entorno económico complejo para los taxistas, quienes enfrentan altos costos de mantenimiento y competencia con plataformas de transporte privado. La posible retirada de 3 mil unidades implicaría la pérdida de empleos directos, ya que muchos conductores dependen de estos vehículos para su sustento. Además, los afectados temen que la falta de reforma los obligue a abandonar el sector, lo que podría generar un impacto en la movilidad de la ciudad.
Los representantes de los taxistas destacaron que la medida no solo protegería sus ingresos, sino que también evitaría un aumento en los costos de los servicios de transporte. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre el apoyo político o institucional que podría recibir la iniciativa. La protesta fue organizada por un grupo de conductores que buscan visibilizar su situación ante las autoridades, exigiendo una solución que garantice su continuidad laboral.
La situación refleja un desafío recurrente en el sector de los taxis, donde las regulaciones suelen ser impopulares entre los trabajadores. Aunque las autoridades han señalado que la vida útil de los vehículos debe ajustarse a estándares de seguridad y eficiencia, los taxistas insisten en que la propuesta de extensión es una medida necesaria para evitar la precariedad. La resolución de este conflicto dependerá de los diálogos entre los representantes del sector y las instituciones responsables de la regulación.