En el estado de Nuevo León, México, un significativo porcentaje de casinos opera sin el permiso necesario de uso de suelo, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de las autoridades y organizaciones ciudadanas.
– Un total de 14 de los 31 casinos en el estado incurren en esta infracción, según la organización ciudadana Cómo Vamos. Estos casinos no cuentan con las condiciones adecuadas de transparencia[1].
Distribución de Casinos sin Permiso
– En el municipio de Guadalupe, solo uno de ocho casinos opera con permiso. Los casinos que operan fuera de la ley en este municipio incluyen Play City, Casino Codere, Aries, Riviera, Palmas, Fiesta y Casino Gran Palacio.
– En Monterrey, las casas de apuestas Revolución, Red Casino y Miravalle Palace Gourmet operan sin permiso.
– En Apodaca, los casinos Vivento y Atlantis no tienen permiso; en Escobedo, la sala YAK; y en San Nicolás, el casino Caliente[1].
Reacciones y Exigencias
– Diputados locales han exigido a los municipios y al Gobierno estatal que sancionen a las empresas que no cumplen con la normativa. El diputado Eduardo Gaona, del Movimiento Ciudadano, destacó que es responsabilidad de los municipios y del Gobierno estatal realizar las coordinaciones necesarias para imponer las sanciones correspondientes[1].
– El legislador Raúl Lozano, del Partido Verde Ecologista, exhortó a los dueños de casinos a no ampararse para evitar pagar impuestos o cumplir la ley, resaltando que el impuesto de los casinos es crucial para la seguridad en el estado[1].
– El diputado Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, criticó la exención establecida por la Tesorería estatal que permite a estas firmas no pagar derechos por las máquinas tragamonedas reportadas como fuera de servicio[1].
Impuestos y Regulación
– Los casinos en Nuevo León están obligados a pagar impuestos específicos, incluyendo un impuesto del 10% sobre las erogaciones efectuadas por los participantes en juegos con apuestas y un impuesto del 6% sobre el valor de las apuestas y sorteos realizados[2].
– Los operadores de los establecimientos deben recaudar y enterar estos impuestos, expedir comprobantes por cada contraprestación, y son responsables solidarios del impuesto junto con otras personas involucradas en la organización y explotación de los juegos[2].