Nuevo México prohíbe por ley los centros públicos de detención de migrantes
La gobernadora Michelle Lujan Grisham promulgó el 5 de febrero de 2026 la HB 9, conocida como Immigrant Safety Act, que veta la apertura de nuevos centros de detención financiados con recursos estatales o locales, ordena rescindir contratos vigentes y bloquea acuerdos 287(g) con ICE.
La norma impide que dependencias estatales y municipales celebren convenios para detener a personas por faltas civiles relacionadas con inmigración y prohíbe el uso de tierras y recursos públicos para esos fines. También instruye terminar, en cuanto sea legalmente posible, los contratos actuales que permiten la operación de estos centros.
En Nuevo México operan tres instalaciones de detención con capacidad aproximada para 3,000 personas. Con el nuevo marco, esas instalaciones ya no podrán funcionar mediante contratos con autoridades estatales o locales, y policías y alguaciles quedarán impedidos de actuar como agentes migratorios bajo esquemas de colaboración con ICE.
Organizaciones de derechos civiles celebraron la decisión al considerarla un paso para reducir abusos documentados en centros como Otero, Torrance y Cibola, donde en los últimos años se han señalado deficiencias en atención médica y condiciones de reclusión. La ley, subrayan, busca restablecer la confianza entre comunidades migrantes y autoridades locales.
El cambio ocurre mientras el gobierno federal impulsa la expansión de la detención migratoria, con planes para abrir más de 20 instalaciones, incluida una de gran escala en Hutchins, Texas. En enero se reportaron más de 73,000 personas bajo custodia de ICE, un máximo histórico; 2025 cerró con más de 30 fallecimientos y en lo que va de 2026 ya se han registrado al menos tres, cifras que dimensionan el alcance del sistema que Nuevo México decidió no seguir respaldando.