La Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó temporalmente, con una votación dividida de 5-4, el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la administración de Donald Trump para acelerar la deportación de presuntos miembros de pandillas venezolanos.
Autorización y Aplicación
La Corte permitió que el expresidente Donald Trump aplique esta ley para deportar rápidamente a migrantes venezolanos acusados de formar parte de pandillas, sin necesidad de esperar que se resuelva el litigio en tribunales inferiores[1][3][5].
Ley de Enemigos Extranjeros
Esta ley, promulgada en 1798, otorga poderes especiales al presidente de EE.UU. durante tiempos de guerra para restringir o expulsar a ciudadanos extranjeros de países considerados hostiles[1][3][5].
Implicaciones
La decisión permite que el gobierno reanude de inmediato las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos. Sin embargo, la Corte exige que los afectados reciban notificación y acceso a procesos legales básicos, incluyendo la oportunidad de presentar demandas de hábeas corpus antes de ser deportados[1][3].
Oposición y Controversia
Los tres jueces liberales de la Corte Suprema votaron en contra, y la jueza conservadora Amy Coney Barrett también discrepó parcialmente, expresando preocupación por el uso de una ley tan antigua y poderosa sin suficientes garantías para los derechos de los migrantes[1][3].
Antecedentes Legales
La apelación de emergencia presentada por Trump surgió después de que un juez federal, James Boasberg, bloqueara temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros contra cinco venezolanos que habían presentado una demanda. La Corte Suprema anuló esta orden, permitiendo que la administración Trump continúe con las deportaciones bajo esta normativa[1][3][5].
Reacciones
El presidente Trump celebró la autorización a través de su plataforma Truth Social, calificándolo como un ‘gran día para la justicia en Estados Unidos’. Funcionarios de su administración también aplaudieron la medida, describiéndola como una ‘victoria histórica para el estado de derecho'[3].
Preocupaciones de los Defensores de los Migrantes
Los defensores de los migrantes temen que al aplicar esta ley de forma acelerada, se limite el tiempo para que los migrantes puedan defenderse o presentar recursos legales, lo que pondría en riesgo sus derechos constitucionales[1].