El Salvador ha aprobado una reforma significativa a su Ley Bitcoin, marcando un cambio crucial en la política monetaria del país. La Asamblea Legislativa, con 55 votos a favor y 2 en contra, aprobó la reforma el 29 de enero, que elimina la obligatoriedad de que las empresas acepten bitcoin (BTC) y suprime la palabra “moneda” de la ley, dejándola solo como “curso legal”[2][5].
Esta reforma responde a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 1.400 millones de dólares. El FMI había exigido reducir la presencia de bitcoin en la economía salvadoreña y mitigar los riesgos asociados con su uso[2][5].
Con la nueva normativa, el bitcoin ya no será de uso obligatorio para los comerciantes o para el pago de deudas. Además, se eliminó la posibilidad de pagar impuestos con BTC y otros beneficios fiscales relacionados con la criptomoneda[2][5].
La comunidad de bitcoiners ha reaccionado con críticas hacia esta decisión, considerándola una decepción y un retroceso en la adopción de la criptomoneda. Expertos y usuarios han expresado su descontento, argumentando que el FMI ha forzado al gobierno de Nayib Bukele a revertir las políticas que habían convertido a El Salvador en un pionero en la adopción de bitcoin[2].
A pesar de estos cambios, el gobierno de El Salvador ha indicado que seguirá teniendo una reserva de bitcoin y que la criptomoneda seguirá siendo legal, aunque su uso será voluntario y no obligatorio. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, destacó que el país seguirá siendo conocido por su ecosistema de bitcoin y que continuarán comprando y manteniendo una reserva de la criptomoneda[2].
La reforma también ha generado opiniones mixtas entre expertos, con algunos elogiando la decisión por eliminar las partes más polémicas de la Ley Bitcoin y otros criticando la falta de apoyo gubernamental continuo para la adopción de la criptomoneda[2].