La medida migratoria propuesta en Florida, firmada por el gobernador Ron DeSantis, incluye varias disposiciones que afectan significativamente a la comunidad de indocumentados en el estado.
## Prohibiciones y Restricciones
– La iniciativa prohibiría el uso de identificaciones válidas otorgadas por jurisdicciones de Florida u otros estados para indocumentados[1][3].
– Se prohibiría que indocumentados ejerzan como abogados, incluso a aquellos protegidos bajo el programa DACA[1].
## Verificación de Estatus Laboral
– Las empresas con más de 25 empleados deberán verificar el estatus legal de los nuevos empleados contratados mediante el programa federal E-Verify. Aquellas que no cumplan con este requisito enfrentarán multas de 1.000 dólares diarios[3].
## Reportes Médicos
– Los hospitales serán obligados a recopilar y reportar información sobre el estado migratorio de los pacientes indocumentados a las autoridades estatales regularmente[1][3].
## Transporte y Alojamiento
– El transporte o alojamiento de indocumentados podría ser castigado con penas de cárcel de hasta 15 años, especialmente si el transportado es un menor de edad[1][3].
## Consecuencias Laborales y Sociales
– La ley ha llevado a despidos de indocumentados y ha provocado que muchos abandonen el estado, lo que podría tener impactos significativos en la economía local[3].
## Defensa del Gobernador
– DeSantis defiende la medida argumentando que es necesaria para luchar contra el tráfico humano y frenar los flujos migratorios, atribuyendo estos flujos a las políticas de la Casa Blanca en la frontera sur con México[3].
Esta medida ha generado amplia preocupación y críticas por parte de organizaciones de derechos de los inmigrantes y abogados, quienes argumentan que crea un ambiente de vigilancia y persecución, afectando no solo a los indocumentados sino también a ciudadanos y residentes legales que conviven con ellos.