El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra en el centro de una investigación penal después de que la familia de Sofía Calderón, de 19 años, presentara una denuncia por la entrega del cuerpo de la joven sin varios órganos. El caso ocurrió en Monterrey tras el fallecimiento de la paciente por complicaciones derivadas de una cesárea, lo que plantea interrogantes sobre los protocolos de manejo de cadáveres y la cadena de custodia en las instalaciones del IMSS.

Los hechos y la denuncia

La familia descubrió irregularidades en el cuerpo de Sofía Calderón cuando recibieron sus restos. Ante lo que consideran una extracción de órganos sin consentimiento informado previo, presentaron una denuncia penal en contra de la institución. Este hecho abre cuestionamientos sobre qué procedimientos internos del IMSS permitieron esta situación y quién autorizó la extracción de los órganos en cuestión.

La muerte de la joven durante un procedimiento quirúrgico obstétrico ya representa un evento adverso que debería haber generado protocolos especiales de documentación y notificación a los familiares. La ausencia aparente de comunicación clara sobre cualquier procedimiento post mortem constituye un punto crítico en la rendición de cuentas institucional.

El caso expone la necesidad de claridad respecto a los mecanismos que tiene el IMSS para garantizar que los familiares conozcan y autoricen cualquier intervención sobre los restos de sus deudos. La institución enfrenta ahora la obligación de responder no solo ante la familia, sino ante la autoridad investigadora sobre los criterios que aplicó en este caso particular y cómo pretende evitar situaciones similares.