La repavimentación de 3 kilómetros de la Carretera Nacional, entre Allende y Monterrey, se ejecutó durante la noche en el tramo Yerbaniz-El Barro, un corredor clave para el transporte de mercancías y el desplazamiento de miles de habitantes. Aunque las autoridades justifican la obra como una medida para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, la elección de horarios nocturnos despierta dudas sobre la transparencia del proceso y la coordinación con las comunidades afectadas.
El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, asume la responsabilidad directa de la obra, pero no se ha especificado si se respetaron los protocolos de consulta con los vecinos o si se evaluaron alternativas para minimizar el impacto en el tráfico diurno. La falta de información pública sobre los plazos, los contratos y los criterios técnicos utilizados refuerza la sospecha de un manejo opaco, común en proyectos de infraestructura que involucran recursos públicos.
El tramo intervenido, ubicado en un área con alta densidad de tráfico, es fundamental para el desarrollo económico regional. Sin embargo, la interrupción nocturna no resuelve el problema principal: la congestión en horas pico. Si no se implementan medidas complementarias, como la ampliación de carriles o la mejora de señalización, la obra podría generar desvíos que afecten a los conductores en el día, generando descontento y cuestionamientos sobre la eficacia de las acciones gubernamentales.
La decisión de realizar trabajos en horario nocturno también plantea interrogantes sobre la prioridad dada a la seguridad de los trabajadores y la calidad de la obra. Si no se garantiza la supervisión adecuada, existe el riesgo de defectos en la pavimentación que podrían requerir nuevas intervenciones en el futuro, dilapidando recursos públicos. La falta de claridad en el seguimiento de estos proyectos refuerza la percepción de un Estado que actúa de forma fragmentada, sin una visión estratégica para el bien común.