Empresarios de Nuevo León acusaron a la secretaria de Desarrollo Económico del estado, Tatiana Clouthier, de ejercer presiones y extorsión durante una reunión con representantes de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Monterrey. Treinta empresarios participaron en el encuentro, donde expusieron dificultades con autoridades estatales, incluyendo casos de corrupción y exigencias ilegales para obtener permisos o beneficios. La cifra de 97% de los asistentes que reportaron experiencias de extorsión en sus negocios generó preocupación sobre la situación de los emprendedores en la región.
La reunión se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Comercio de Monterrey, donde los participantes destacaron la falta de transparencia en los trámites gubernamentales y la presión para pagar sobornos. Según los empresarios, algunos funcionarios estatales exigen pagos en efectivo o favorecen a ciertos negocios a cambio de apoyo, lo que afecta la equidad en el mercado. Clouthier, quien es hija del exgobernador del estado, fue criticada por no abordar de manera más directa las denuncias presentadas.
Este caso refleja un contexto más amplio de desconfianza hacia las instituciones en Nuevo León, donde la extorsión y la corrupción han sido recurrentes en años recientes. Organizaciones como la Asociación de Empresarios del Estado han señalado que la falta de mecanismos efectivos para reportar estos hechos impide que los afectados busquen justicia. Además, la crisis económica y la competencia desleal entre empresas han exacerbado la vulnerabilidad de los pequeños negocios ante prácticas ilegales.
Las acusaciones han generado demandas para que las autoridades implementen medidas de transparencia, como la digitalización de trámites y la creación de canales anónimos para denunciar irregularidades. Expertos en políticas públicas sugieren que es fundamental fortalecer la independencia de las instituciones encargadas de investigar estos casos, así como promover una cultura de ética en el sector público. Sin embargo, los empresarios advierten que sin acciones concretas, la confianza en el sistema seguirá debilitándose.
El conflicto también pone en evidencia la tensión entre el gobierno estatal y la comunidad empresarial, que ha exigido mayor claridad en las políticas económicas. Aunque Clouthier no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones, los representantes de las PYMES insisten en que es urgente abordar estos problemas para garantizar un entorno de negocios justo y sostenible en el estado.