La magistrada Laura Montelongo, quien ejerció funciones como secretaria de Estudio y Cuenta y magistrada en el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, fue denunciada por usurpación de funciones. La acusación surge tras un revés jurídico que puso en duda su participación en decisiones clave del tribunal, lo que generó controversia entre los actores políticos y judiciales de la entidad. El caso se enmarca en un contexto de tensiones entre partidos políticos y la independencia institucional del poder judicial.
El Tribunal Colegiado ordenó la reinstalación del ex magistrado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), quien había sido removido de su cargo. Esta decisión, según analistas, podría reconfigurar el equilibrio de poder dentro del tribunal, otorgando ventajas estratégicas al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su alianza con el Movimiento Ciudadano (MC). La magistrada Montelongo, vinculada al MC, se encuentra en el centro de este conflicto, lo que ha generado especulaciones sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales.
El Tribunal de Justicia Administrativa, que opera bajo el sistema federal, es responsable de resolver controversias relacionadas con actos de autoridades públicas. Su funcionamiento depende de la participación de magistrados designados por distintos partidos, lo que ha generado críticas sobre la influencia política en la aplicación de la justicia. La reinstalación del ex magistrado PRI-PAN, ordenada por el Tribunal Colegiado, refleja un intento de restablecer el equilibrio institucional, aunque su impacto en la dinámica del tribunal sigue siendo incierto.
Las consecuencias de este conflicto podrían afectar la percepción de la independencia del poder judicial en la región. Si el tribunal se inclina hacia el MC, esto podría fortalecer su presencia en decisiones clave, mientras que si mantiene un enfoque neutral, se reforzaría la confianza en su imparcialidad. Sin embargo, la controversia ha generado desconfianza entre sectores que cuestionan la transparencia de los procesos de designación y remoción de magistrados, lo que podría generar más tensiones en el futuro.