Una coalición de fiscales generales de 17 estados y Washington, D.C. ha presentado una demanda contra el expresidente Donald Trump por su decisión de frenar el avance de la energía eólica en Estados Unidos. La demanda desafía una orden ejecutiva firmada por Trump durante su primer día en el cargo, que pausa las aprobaciones, permisos y préstamos para todos los proyectos de energía eólica, tanto en tierra como en el mar.
Los fiscales argumentan que Trump no tiene la autoridad para cerrar unilateralmente el proceso de permisos y que esta decisión pone en peligro el desarrollo de una fuente de energía crítica para la vitalidad económica de los estados, su mezcla energética, la salud pública y los objetivos climáticos.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lidera la coalición, expresó que “esta directiva arbitraria e innecesaria amenaza con la pérdida de miles de empleos bien remunerados y miles de millones en inversiones, y está retrasando nuestra transición de los combustibles fósiles que dañan nuestra salud y nuestro planeta”.
Trump había prometido durante la campaña terminar con la industria eólica marina si regresaba a la Casa Blanca. Su orden menciona supuestas deficiencias legales subyacentes en el arrendamiento y permisos del gobierno federal de proyectos eólicos, y ordenó al secretario del Interior revisar las prácticas de arrendamiento y permisos eólicos para aguas y tierras federales.
La demanda fue presentada en un tribunal federal en Massachusetts. Además, la administración Trump ha suspendido la financiación federal para la investigación de energía eólica marina flotante en Maine y ha revocado un permiso para un proyecto propuesto de energía eólica marina en Nueva Jersey.
La administración de Trump está impulsando combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, argumentando que es necesario para que Estados Unidos tenga la energía y electricidad de menor costo en el mundo.