La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado una decisión significativa que permite a los gobiernos y funcionarios públicos promover la elección judicial del 1 de junio.
Con un voto de 3 a 2, los magistrados revocaron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibía a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como a instituciones y funcionarios públicos, promover la participación ciudadana en esta elección. Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso votaron a favor de esta modificación, argumentando que la elección de personas juzgadoras es un proceso distinto y que la participación de los Poderes de la Unión en su diseño justifica su involucramiento en la promoción del voto y la educación en la participación ciudadana[1][3][5].
La decisión se basa en el argumento de que permitir a los servidores públicos promover la elección evitaría una elección silenciosa y fomentaría una democracia abierta, informada y participativa. La magistrada Mónica Soto Fregoso criticó el acuerdo original del INE, sugiriendo que impedir la promoción por parte de los servidores públicos sería contraproducente para la participación ciudadana[1][2][5].
Sin embargo, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón expresaron su oposición, argumentando que permitir a los integrantes de los tres Poderes de la Unión promover la elección judicial podría vulnerar el principio de imparcialidad y dar la impresión de que están apoyando a ciertas candidaturas[1][3].
La resolución establece que los servidores públicos pueden promover la elección, siempre y cuando se respeten los principios de imparcialidad y neutralidad, y no se promuevan candidaturas específicas. Los legisladores del Congreso de la Unión, por ejemplo, podrán difundir el proceso en cualquier medio, siempre que los recursos estén destinados a comunicación social y no se refieran a candidaturas particulares[2][5].
Esta decisión responde a 39 impugnaciones presentadas principalmente por el oficialismo, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, el partido Morena, y varios gobernadores y legisladores. A pesar de las críticas, los magistrados defienden su decisión, asegurando que no buscan favorecer al oficialismo, sino garantizar una mayor participación ciudadana en la elección judicial[2][5].